En el marco de la sesión virtual de la Relatoría Especial de la ONU sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales de EE. UU a Cuba, 4Métrica, Cuido60 y Food Monitor Program presentaron sus aportes, perspectivas y solicitudes referentes al impacto real que han tenido las sanciones en el desarrollo y bienestar de la isla, destacando la necesidad de analizar sus implicaciones desde una perspectiva plural y objetiva.

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Es importante destacar que la Relatora Especial, Alena Douhan, se encuentra actualmente en la República de Cuba, atendiendo a una visita oficial programada del 11 al 21 de noviembre de 2025. La Relatora Especial ofrecerá una rueda de prensa el 21 de noviembre del presente año en el Centro de Prensa Internacional (CPI) de La Habana, donde presentará algunas observaciones y recomendaciones preliminares. El informe final sobre la visita se presentará a mediados de septiembre de 2026 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 

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Inicialmente, desde 4Métrica se abordó el impacto que han tenido las sanciones en el sistema de salud pública y el derecho al trabajo y la iniciativa privada, resaltando que, si bien las sanciones de EE. UU a Cuba limitan el desarrollo económico y la garantía de derechos sociales, el verdadero origen de la policrisis que atraviesa la isla se encuentra en la adopción de un modelo de gobierno ineficiente y una mala gestión pública de los recursos. Asimismo, se destacó que el gobierno ha utilizado la retórica del bloqueo para justificar la ineficiencia gubernamental, la desinversión deliberada y la represión política y social; aunque, en realidad, las sanciones no prohíben el acceso a alimentos, medicamentos y ayuda humanitaria. 

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En el ámbito del derecho a la salud, las organizaciones mencionar que las sanciones no restringen las importaciones de medicinas, insumos y tecnología médica bajo fines humanitarios, dado que la Ley de Democracia Cubana de 1992 y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), han mantenido permisos y licencias humanitarias. Por tanto, el deterioro del sistema sanitario responde, principalmente, a la politización de la salud y la desinversión presupuestal deliberada del gobierno. 

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Pese a que en 2022 y 2023 se autorizaron más de 37 millones de dólares en suministros médicos y se aprobaron ayudas por más de 800 y 900 millones de dólares, durante la pandemia del Covid-19, la inversión en salud solo representó el 0,8% del total de gasto público, mientras que el 45,6% se destinó al sector turístico, lo que refleja las deficiencias internas del sistema de salud. A su vez, BioCubaFarma, organización oficial encargada de la mayor parte del marco básico de medicamentos, indicó que en la isla hay desabastecimiento en más de 161 medicamentos, donde 80 son de prioridad nivel I, relacionados a tratamientos oncohematológicos, materno-infantiles y VIH, dada la no disponibilidad de materia prima y el daño de aparatos médicos. 

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El gobierno ha perpetuado un modelo de explotación laboral y esclavitud moderna, obligando a profesionales de la salud a realizar misiones médicas en terceros países, donde son sometidos a tratos inhumanos y denigrantes, incluyendo la anulación de pasaportes, la retención de entre el 70% y el 90% de sus salarios, la obligación de realizar proselitismo político, la manipulación de indicadores y metas de atención y la separación forzada de sus familias. 

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Frente al derecho al trabajo y el libre mercado, aunque las medidas unilaterales limitan la inversión, el mayor obstáculo para el desarrollo del país radica en la planificación vertical y la persistencia de monopolios gubernamentales. El gobierno, a través de la sobrerregulación, la falta de incentivos y la represión, asfixia la iniciativa privada y el progreso de las mipymes. 

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El fracaso de la política monetaria y la dolarización parcial del país han transformado a las sanciones en un factor amplificador de la policrisis, más no en la raíz de los problemas. Pese a que el gobierno autorizó la apertura de tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC), tiendas online y mipymes de tipo público, privado y mixto para burlar las sanciones, aumentar los ingresos y facilitar el flujo de remesas, Cuba se ubicó en 2021 en el primer puesto del Índice de Miseria (HAMI) y en 2023 registró un 88% de pobreza multidimensional.

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Aunque las MiPymes son responsables del 8% de las importaciones, el 13% de la recaudación fiscal y el 35% de la generación de empleo, siguen siendo las más perjudicadas por las sanciones, pero más aún, por la falta de reformas sustanciales, la represión de la iniciativa privada y los datos récord de inflación. Incluso, el gobierno reconoció que más de 20.000 familias viven en situación de pobreza y muchas han tenido que recurrir a la mendicidad para sobrevivir. Por tanto, la incapacidad del gobierno para generar riqueza neta y la descapitalización del sector público han mantenido un gran desbalance en la balanza de pagos, generando desempleo y prolongando la inestabilidad macroeconomía, social y política del país. 

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Desde Cuido60 se advirtió que las medidas coercitivas unilaterales afectan de manera desproporcionada a las personas mayores, a los hogares de bajos ingresos y a la población afrocubana. Al mismo tiempo, se destacó que las propias políticas internas del Estado, como la reducción del papel gubernamental en la protección social y la privatización parcial de servicios, han amplificado los efectos negativos de las sanciones. A ello se suma la disminución del gasto social, la implementación de la Tarea Ordenamiento y el deterioro progresivo de los servicios de salud, factores que han debilitado la red de protección social y profundizado las brechas de desigualdad.

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Para 2022, la proporción de personas de 60 años y más representó el 22,34% de la población total del país y la demanda de servicios geriátricos aumentó del 4,8% al 6,8% en tan solo un año. Pero, pese a la alta demanda, la asistencia social y la prestación de servicios médicos de geriatría presentaron múltiples deficiencias, incluyendo la disminución del número de ancianos albergados en hogares geriátricos y la insuficiencia de profesionales en áreas de geriatría y gerontología. Aunque la retórica oficialista justifica la desatención y pérdida de bienestar de la población mayor en las sanciones, los datos reflejan la persistencia de fallas internas y la imposibilidad del gobierno de garantizar la dignidad en la vejez. 

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La migración también representa una de las manifestaciones más visibles del deterioro del desarrollo humano en la isla y del agravamiento de la policrisis interna. En el proceso, el gobierno no ha logrado garantizar la asistencia y ayuda a los migrantes durante las largas travesías que deben recorrer. Además, tampoco ha proporcionado información suficiente sobre la magnitud y recurrencia de las olas migratorias. Los impactos internos son preocupantes, puesto que se ha producido un vaciamiento demográfico y un proceso de descapitalización humana que profundiza las brechas generacionales y regionales. 

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En esta línea, Food Monitor Program resaltó que la inseguridad alimentaria ha sido producto, más que de las sanciones, de la mala gestión interna y la opacidad institucional, ya que las medidas coercitivas unilaterales de EE. UU no aplican a la importación de alimentos y maquinaria agrícola. De hecho, la Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Mejora de las Exportaciones (TSREEA) del 2000 autorizó la venta directa de productos alimenticios y agrícolas. 

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En 2022, Cuba importó 295 millones de dólares en productos agrícolas y alimentos de EE. UU., ubicándose en el primer tercio de sus socios más importantes. Pero, las importaciones de bienes de EE. UU. y terceros países han aumentado significativamente, debido los déficits históricos que ha reportado la isla en materia de producción agrícola y autosuficiencia. 

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La precarización de la vida y el desabastecimiento se deben a que el Estado prioriza recursos para las fuerzas armadas y el turismo en lugar de invertirlos en la producción y distribución de alimentos. En la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria 2022 y 2023 del Food Monitor Program, el 94% de los participantes reportó problemas de abastecimiento de alimentos y solo el 5% responsabilizó al bloqueo del déficit alimentario. 

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La información y datos presentados se basan en el libro ¿Cuál es el impacto real de las sanciones sobre Cuba y Venezuela?. Una mirada plural alejada de la propaganda oficial, editado por Sergio Ángel, director del Programa Cuba y en el que participan distintos autores y académicos reconocidos en la materia.  

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Las tres organizaciones solicitaron a la Relatora Especial pedir al gobierno transparencia y veracidad en la publicación de datos oficiales sobre el impacto de las sanciones y la inversión pública en materia de salud pública, trabajo, asistencia social a adultos mayores y personas en situación de pobreza y migración. También, manifestaron la necesidad de promover un debate plural y objetivo sobre los impactos reales de las sanciones y la responsabilidad del gobierno en la gestión de la policrisis que atraviesa la isla. Por último, recomendaron dirigirse a periodistas, investigadores y organizaciones independientes vinculados a observatorios y programas no oficialistas, y a su vez, realizar visitas sin previo aviso a hospitales, policlínicos, asilos y hogares de paso y zonas marginales, para observar y retratar de primera mano el deterioro de la infraestructura, el déficit de servicios públicos y las brechas de protección social que afectan a la población.