En Cuba, las personas con discapacidad continúan enfrentando un entramado de exclusiones legales, institucionales y culturales que les impiden ejercer plenamente sus derechos políticos. Aunque el discurso oficial invoca la igualdad y la inclusión, la realidad muestra un escenario en el que su participación y representación son prácticamente inexistentes.

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No hay datos públicos que permitan conocer cuántas personas con discapacidad ocupan cargos en los distintos niveles del sistema político. La Asamblea Nacional del Poder Popular, máximo órgano de representación, solo publica estadísticas por sexo, edad, nivel educativo y color de piel. La variable discapacidad no figura en ningún registro oficial, lo que invisibiliza por completo la presencia o ausencia de este grupo en los espacios de decisión.

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A pesar de que el Estado cubano ha creado organismos como la Comisión Nacional de Atención a Personas con Discapacidad (CONAPED) o asociaciones como la ACLIFIM, su estructura y funcionamiento se encuentran subordinados al aparato político central. Estas instancias carecen de autonomía y no operan como mecanismos de participación o incidencia, sino como extensiones administrativas del gobierno. De ese modo, la inclusión se mantiene en el plano declarativo, sin traducirse en políticas públicas efectivas ni en representación institucional real.

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La Constitución cubana establece que el voto es un derecho que solo pueden ejercer los ciudadanos en “pleno goce” de sus derechos políticos. Esta cláusula, combinada con disposiciones judiciales sobre capacidad jurídica, excluye de hecho a muchas personas con discapacidad intelectual o psicosocial del ejercicio del sufragio o del acceso a cargos públicos. En 2019, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ya había expresado su preocupación por este marco restrictivo y recomendó la revisión inmediata de la legislación nacional. Sin embargo, seis años después, no se han introducido reformas sustantivas.

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Las reformas legales recientes, como el nuevo Código de las Familias, incorporan nociones de apoyo y salvaguardias para reemplazar el modelo de sustitución en la toma de decisiones. No obstante, el marco político continúa siendo excluyente. En Cuba ningún ciudadano puede postularse de manera independiente o realizar campaña electoral: las candidaturas son definidas por el Partido Comunista de Cuba, único autorizado por la Constitución. Este sistema elimina cualquier posibilidad de pluralismo y restringe severamente la representación de grupos no alineados con el oficialismo, incluidas las personas con discapacidad.

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La estructura de las asociaciones nacionales de personas con discapacidad refleja la misma lógica de control. Entidades como la ANCI, la ANSOC o la ACLIFIM actúan bajo la tutela del Estado, lo que impide el desarrollo de una sociedad civil independiente que promueva agendas de derechos o exija rendición de cuentas. La participación política se concibe así como un ejercicio tutelado, mediado por la lealtad al sistema antes que por la defensa de los intereses del colectivo.

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El estigma social y el enfoque asistencialista agravan la exclusión. Aún persisten prejuicios arraigados sobre la capacidad de las personas con discapacidad para ejercer liderazgo o asumir funciones de responsabilidad pública. En la prensa oficial se mantiene un lenguaje paternalista que resalta el mérito individual y el sacrificio, pero evita reconocer la dimensión política de la igualdad. La discapacidad se presenta como un asunto de superación personal, no como un tema de derechos y participación ciudadana.

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A esto se suman las barreras materiales. Las carencias económicas y la falta de accesibilidad física o tecnológica limitan la participación pública. En palabras de Mabel Ballesteros López, presidenta de la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Físico-Motora, “más de 10.000 personas en Cuba esperan una silla de ruedas, muchas de ellas viven con equipos deteriorados o sin posibilidad de reparación”. Estas condiciones básicas determinan la exclusión cotidiana de quienes dependen de apoyos para desplazarse, comunicarse o participar en actividades colectivas.

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El impacto de la crisis económica, profundizada desde 2021 con la llamada “Tarea Ordenamiento”, ha afectado con particular severidad a las personas con discapacidad y sus familias. Las limitaciones en el transporte, la escasez de recursos y el encarecimiento de los insumos esenciales reducen aún más sus posibilidades de incidencia política o presencia pública. En un contexto donde los medios de comunicación y las organizaciones sociales operan bajo control estatal, estas voces quedan doblemente marginadas.

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A pesar de que la Constitución y el Código del Trabajo mencionan la igualdad de derechos, el funcionamiento real del sistema político se rige por la política de cuadros del Partido Comunista, que prioriza la “confiabilidad política” sobre la competencia técnica o la representatividad. Este mecanismo perpetúa una estructura cerrada y vertical en la que la diversidad —incluida la diversidad funcional— no tiene cabida.

4Métrica advierte que la ausencia de mecanismos independientes de rendición de cuentas y la falta de datos desagregados impiden evaluar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado cubano en materia de derechos políticos. La opacidad y el control sobre las asociaciones impiden el desarrollo de indicadores confiables y bloquean cualquier intento de auditoría ciudadana o internacional.

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Garantizar la participación política de las personas con discapacidad en Cuba requiere, ante todo, reconocer su capacidad jurídica plena, eliminar las restricciones constitucionales y abrir los procesos electorales a la pluralidad. También implica crear espacios reales de representación ciudadana, accesibles, inclusivos y autónomos, donde la voz de este colectivo no dependa de estructuras subordinadas al poder político.

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4Métrica y Civil Rights Defenders instan a los organismos internacionales y a los actores de cooperación a vincular su apoyo técnico y financiero a compromisos verificables de inclusión política. La participación de las personas con discapacidad no puede seguir siendo un discurso vacío; constituye un indicador esencial de democracia sustantiva y de igualdad real.

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La contribución completa sobre “Participación y representación política de las personas con discapacidad en Cuba: normativas vigentes, barreras sistémicas y recomendaciones para garantizar igualdad real”, está disponible para consulta en el repositorio de 4Métrica (https://repositorio.4metrica.org/handle/001/318), en el marco del llamado a contribuciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.