Los campesinos y trabajadores rurales en Cuba continúan enfrentando obstáculos estructurales que limitan su participación en igualdad de condiciones en la vida económica, comunitaria y política del país. Aunque el discurso oficial menciona apoyo al sector agrícola y reconocimiento al rol de las comunidades rurales, la realidad documentada refleja déficits persistentes en acceso a insumos, precariedad productiva, falta de autonomía y ausencia de canales efectivos de participación.

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La producción rural se desarrolla en un contexto profundamente adverso. La escasez crónica de fertilizantes, pesticidas, maquinaria y combustible, sumada a los apagones prolongados y la limitada disponibilidad de diésel, restringe la productividad e impide planificar cosechas y actividades como el riego o la pesca. Según datos oficiales, el 70 % de la flota pesquera nacional se encuentra en mal estado, una situación que afecta directamente a los trabajadores del mar y a las comunidades costeras.

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A ello se suma un sistema de tenencia de tierras marcado por trabas administrativas, demoras en la titulación y procesos burocráticos que desalientan la inversión y dificultan la expansión de proyectos productivos. Aunque existen decretos de usufructo para tierras ociosas, su implementación continúa siendo opaca, desigual y sometida a estructuras de control estatal.

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La precariedad económica profundiza estas restricciones. Los bajos ingresos, los impagos recurrentes y la falta de acceso estable a insumos han provocado migración rural, envejecimiento de la fuerza laboral y escasez de mano de obra en zonas agrícolas. En junio de 2024, el propio Ministerio de Agricultura reconoció que adeudaba más de 200 millones de pesos a campesinos del país, lo que evidencia la magnitud de la falta de apoyo institucional.

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Los mecanismos para fomentar la participación de campesinos y trabajadores rurales —asambleas del Poder Popular, reuniones de cooperativas, visitas de organizaciones estatales— no funcionan como espacios reales de consulta o decisión. Para la mayoría de los productores, estas instancias son trámites burocráticos percibidos como fiscalización, no como acompañamiento, lo que se traduce en baja asistencia y desconfianza generalizada. Las personas entrevistadas coinciden en que estas políticas no empoderan ni ofrecen soluciones a sus necesidades.

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Las desigualdades también afectan al sector pesquero. Aunque la Ley de Pesca modernizó la normativa en 2019, su aplicación se ha debilitado debido a la crisis económica, generando un entorno descrito por los pescadores como “un oeste sin ley”. La ausencia de controles coherentes, sumada a acoso selectivo y decomisos arbitrarios, ha incrementado la incertidumbre y debilitado la sostenibilidad de la actividad.

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En ambos sectores —agrícola y pesquero—, las denuncias por violaciones de derechos o irregularidades raramente derivan en soluciones. Los procesos administrativos suelen ser lentos, costosos o ineficaces, y frecuentemente están atravesados por sobornos, favoritismo o represalias. Esto obliga a muchos campesinos y pescadores a recurrir a denuncias anónimas o a la resignación, ante la falta de mecanismos institucionales confiables para defender sus derechos.

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Entre los grupos más afectados están los campesinos independientes, los trabajadores de cooperativas estatales con bajos recursos, las comunidades rurales marginadas y los productores críticos del gobierno. Estos últimos enfrentan riesgo de confiscaciones, exclusiones en programas de apoyo o sanciones administrativas, lo que demuestra que la participación rural sigue condicionada por criterios políticos más que por el cumplimiento de obligaciones legales o productivas.

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El deterioro de las políticas sectoriales es evidente. Los agricultores denuncian que las regulaciones locales de precios —que obligan a vender productos muy por debajo del valor real del mercado— los empujan hacia la informalidad para poder sobrevivir. Los pescadores, por su parte, señalan que decisiones tomadas sin consulta previa, como los intentos fallidos de imponer precios mínimos o restricciones de captura, profundizan la desconexión entre la realidad del sector y las prioridades estatales.

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En este escenario, la autonomía rural continúa vulnerada. Las políticas oficiales priorizan el control y la fiscalización, mientras disminuye el apoyo técnico, el acceso a recursos y la capacidad de decisión local. Como consecuencia, los productores rurales recurren cada vez más a estrategias informales, trueques y mercados alternativos, lo que evidencia la falta de confianza en las instituciones y la ausencia de vías efectivas para incidir en decisiones que afectan su vida cotidiana.

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4Métrica advierte que garantizar la participación equitativa de campesinos y trabajadores rurales requiere reformas profundas: acceso real a insumos y maquinaria, simplificación de los procesos de tenencia de tierras, mecanismos de consulta auténticos, eliminación de prácticas coercitivas y fortalecimiento de espacios independientes donde el sector pueda representar sus intereses sin condicionamientos políticos.

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La contribución completa, titulada “Tendencias y desafíos en la participación igualitaria de campesinos y trabajadores rurales en Cuba”, está disponible para consulta en el repositorio de 4Métrica (https://repositorio.4metrica.org/handle/001/280), El documento forma parte del llamado a contribuciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos.