En el día de ayer, 20 de octubre, el músico Abel Lescay fue detenido por tocar su barduka en el parque de su localidad. Lescay, fue conducido a la unidad de policía, donde no le informaron la causa de su detención, tampoco permitieron que el artista diera aviso a su familia hasta pasado un tiempo considerable.

 

Lescay fue sancionado en junio de este año a cinco años de privación de libertad, por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 donde se le acusó de desórdenes públicos y desacato. Como agravante, el joven de 23 años fue expulsado del Instituto Superior de Arte (ISA) donde estudiaba su segundo año de Composición Musical.

 

Aunque Lescay fue liberado ayer unas horas más tarde, el artista se encuentra en una posición vulnerable. Se le ha amenazado y recordado sus limitaciones como inculpado. Ante violaciones a su proceso, Lescay no ha disfrutado del derecho a re-contratar a la abogada que atiende su caso. Además, debido a la presión y al estrés padecido ayer, Lescay sufrió un ataque de pánico en la estación de policía. Esta lamentable crisis, lejos de haber suscitado atención médica o una revisión más humana de su condena, está siendo un pretexto esgrimido por la fiscal de turno para sugerir el internamiento del artista en una institución psiquiátrica.

 

El ODC advierte sobre la delicada situación en la que se encuentran los artistas sujetos a procesos arbitrarios por manifestarse pacíficamente. Recordamos que las causas mencionadas han sido manipuladas con un trasfondo político que agrava las condiciones de los procesados. Un ejemplo en este sentido es la condena a cinco años de reclusión domiciliaria por abusos lascivos impuesta al cantautor oficialista Fernando Bécquer, luego de que una treintena de víctimas prestaran testimonio en su contra. El mismo fallo ha sido imputado al artista Lescay, también músico, quien se manifestara en Bejucal pacíficamente, dos ejercicios que distan mucho en términos de criminalidad.

 

 

El ODC alerta sobre la tendencia de la Seguridad del Estado de violentar la integridad física y mental de ciudadanos que identifican como incómodos, en contubernio con el sistema de salud, que colabora en la vigilancia y la represión. Existen casos documentados donde los servicios de psiquiatría han sido utilizados para reducir a disidentes, artistas e intelectuales incómodos tales como los artistas Nicolás Guillén Landrián y Luis Manuel Otero Alcántara, el profesor Ariel Hidalgo, y el periodista Juan Manuel Cao. En estos registros, ciudadanos desafectos al sistema corren el riesgo de ser diagnosticados con condiciones mentales para retirarlos de la vida pública, justificar su comportamiento alterno e instrumentar un tratamiento farmacológico. El ODC continuará atento a la dirección que tome el caso del artista Abel Lescay, así como a otras arbitrariedades registradas en diferentes procesos, igualmente injustos, contra jóvenes artistas cubanos.