En los primeros días del mes de noviembre mujeres cubanas acusaron a Enrique Rodríguez Toledo, director del Conservatorio habanero “Amadeo Roldán”, por tener relaciones sexuales con alumnas adolescentes. La primera evidencia fue publicada en redes sociales por la madre de una actual alumna del instituto, de 16 años. Posteriormente dos cubanas residentes en el exterior compartieron sus testimonios, en los cuales admiten haber tenido relaciones sexuales con el Rodríguez Toledo, a raíz de sus presiones e influencias. En su caso, en el momento de ocurridos los hechos Rodríguez Toledo fungía como profesor en el Conservatorio “Alejandro García Caturla” y las víctimas tenían 14 años de edad. Según testimonios recabados por medios independientes el directivo habría estado aprovechándose de su autoridad para realizar estas lamentables acciones desde hace 30 años.

​

Las instituciones involucradas pertenecen al Centro Nacional de Escuelas de Arte de Cuba, responsable de los institutos de formación artística del país, entidad que hasta ahora no ha emitido ninguna declaración sobre el proceso. Tampoco han respondido el Ministerio de Educación ni el Ministerio de Cultura. En cambio, las denuncias han sido respaldadas por grupos de la sociedad civil. La plataforma YoSíTeCreo en Cuba y el Observatorio de la Libertad Académica (OLA) se han hecho eco de la situación y han mostrado solidaridad en sus portales. Asimismo, exalumnos y padres de la institución han impulsado una campaña en redes sociales, mediante la cual han exigido la dimisión del funcionario.

​

Aunque la corrupción de menores está considerada un delito que se sanciona con hasta 30 años de cárcel según el Código Penal vigente, cuando este tipo de denuncias se han hecho públicas por medios independientes la oficialidad las ha manejado con sospecha, discreción, o incluso las ha demeritado como intentos para desacreditar la legitimidad del proceso en la isla. Cuando se han conducido por canales oficiales también han encontrado obstáculos como la revictimización, el descrédito, la ausencia de asesoría legal, incluso fallos jurídicos complacientes con los hombres que forman parte de la élite cultural y oficial.

​

Ejemplos de lo anterior en la cultura cubana han sido el reciente proceso penal contra el trovador oficialista Fernando Bécquer, condenado a cinco años de prisión domiciliaria por haber abusado sexualmente a docenas de mujeres, sanción que tampoco ha acatado a cabalidad sin que haya sufrido consecuencias por ello. Otro caso importante ha sido el de la cantante Dianelys Alfonso Cartaya, conocida como la Diosa, quien en 2019 denunció los abusos que sufrió, por más de 15 años, a manos del director de NG la Banda, el conocido músico José Luis Cortés, "El Tosco". La Diosa no recibió respuesta oficial, en cambio ha sido prácticamente vetada en todos los espacios de presentación en la isla.

​

El ODC condena las conducciones sesgadas de estos procesos en Cuba, la censura como forma de escarmiento ante las denuncias, y el respaldo disimulado de las autoridades a las figuras de poder acusadas. El ODC reclama mayor claridad y escrutinio público de estos procesos, y mayor acceso legal a sus víctimas. 
 

En los primeros días del mes de noviembre mujeres cubanas acusaron a Enrique Rodríguez Toledo, director del Conservatorio habanero “Amadeo Roldán”, por tener relaciones sexuales con alumnas adolescentes. La primera evidencia fue publicada en redes sociales por la madre de una actual alumna del instituto, de 16 años. Posteriormente dos cubanas residentes en el exterior compartieron sus testimonios, en los cuales admiten haber tenido relaciones sexuales con el Rodríguez Toledo, a raíz de sus presiones e influencias. En su caso, en el momento de ocurridos los hechos Rodríguez Toledo fungía como profesor en el Conservatorio “Alejandro García Caturla” y las víctimas tenían 14 años de edad. Según testimonios recabados por medios independientes el directivo habría estado aprovechándose de su autoridad para realizar estas lamentables acciones desde hace 30 años.

 

Las instituciones involucradas pertenecen al Centro Nacional de Escuelas de Arte de Cuba, responsable de los institutos de formación artística del país, entidad que hasta ahora no ha emitido ninguna declaración sobre el proceso. Tampoco han respondido el Ministerio de Educación ni el Ministerio de Cultura. En cambio, las denuncias han sido respaldadas por grupos de la sociedad civil. La plataforma YoSíTeCreo en Cuba y el Observatorio de la Libertad Académica (OLA) se han hecho eco de la situación y han mostrado solidaridad en sus portales. Asimismo, exalumnos y padres de la institución han impulsado una campaña en redes sociales, mediante la cual han exigido la dimisión del funcionario.

 

Aunque la corrupción de menores está considerada un delito que se sanciona con hasta 30 años de cárcel según el Código Penal vigente, cuando este tipo de denuncias se han hecho públicas por medios independientes la oficialidad las ha manejado con sospecha, discreción, o incluso las ha demeritado como intentos para desacreditar la legitimidad del proceso en la isla. Cuando se han conducido por canales oficiales también han encontrado obstáculos como la revictimización, el descrédito, la ausencia de asesoría legal, incluso fallos jurídicos complacientes con los hombres que forman parte de la élite cultural y oficial.

 

Ejemplos de lo anterior en la cultura cubana han sido el reciente proceso penal contra el trovador oficialista Fernando Bécquer, condenado a cinco años de prisión domiciliaria por haber abusado sexualmente a docenas de mujeres, sanción que tampoco ha acatado a cabalidad sin que haya sufrido consecuencias por ello. Otro caso importante ha sido el de la cantante Dianelys Alfonso Cartaya, conocida como la Diosa, quien en 2019 denunció los abusos que sufrió, por más de 15 años, a manos del director de NG la Banda, el conocido músico José Luis Cortés, "El Tosco". La Diosa no recibió respuesta oficial, en cambio ha sido prácticamente vetada en todos los espacios de presentación en la isla.

 

El ODC condena las conducciones sesgadas de estos procesos en Cuba, la censura como forma de escarmiento ante las denuncias, y el respaldo disimulado de las autoridades a las figuras de poder acusadas. El ODC reclama mayor claridad y escrutinio público de estos procesos, y mayor acceso legal a sus víctimas.