El 5 de diciembre entró en vigor la nueva Ley de los Derechos del Autor y el Artista Intérprete (Ley 154/2022), publicada en la Gaceta Oficial No. 122 Ordinaria de la fecha citada. El texto deroga las disposiciones de 1977 sobre “la Tesis y Resoluciones sobre la Cultura Artística y Literaria adoptadas por el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba”. También anula el no reconocimiento a las obras de creadores independientes, que hasta ahora no tenían derecho de reconocimiento de autor y por tanto, de la integridad de su trabajo.

 

El Art. 3 de la nueva Ley asegura que la protección que brinda surge a partir del acto mismo de la creación, mientras que en su Art. 7 amplía la concepción general de las obras realizadas “por cualquier medio”. El reconocimiento al creador también queda estipulado sin mediaciones de criterio, como “la persona natural que crea una obra, y por ello ostenta la condición de autor”. Este es un elemento clave para la salvaguarda de la libertad de creación en Cuba. Por ejemplo, anteriormente, la criminalización de los artistas fuera de la norma, así como la ausencia de un respaldo jurídico hacia acciones de deformación, mutilación o modificación sin consentimiento de su autor, habían quedado explícitas en el año 2021 cuando el Gobierno interrumpió el performance Causa #1 de 2019 y confiscó las obras del artista outsider Luis Manuel Otero Alcántara, en su espacio de San Isidro.

 

Sin embargo, el ODC alerta sobre la no separación de poderes que continúa intacta en estas declaraciones. El nuevo texto condiciona su ejecución en su art. 2, que dispone que “el ejercicio por los creadores (…) reconocidos por la presente Ley se conjugan con el interés de la sociedad (…) bajo los principios consagrados en la Constitución de la República de Cuba”. A su vez, la Carta Magna define a Cuba en su art. 1 como “un Estado socialista de Derecho”, y antepone sus principios a la “defensa de la patria socialista”. A su vez, el ámbito artístico, cultural y patrimonial en Cuba está dirigido, orientado, controlado y ejecutado por el Ministerio de Cultura, que según sus disposiciones, trabaja en consonancia con la política cultural del Estado y las disposiciones del Gobierno.

 

Por tanto, el ODC advierte sobre la violencia penalista implícita en la nueva Ley, aunque su texto prometa mayores garantías democráticas, fundado en una narrativa general y ambivalente. El ODC continúa enfatizando las graves condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran los artistas cubanos, sobre todo aquellos que han mostrado una postura crítica así como los que no pertenecen a las instituciones oficiales y por tanto, están más expuestos a las disposiciones ad hoc de la administración cultural en la Isla.