El análisis de los casos descritos en el presente informe evidencia la indivisibilidad e interdependencia entre derechos humanos y culturales. Ello implica que en una situación de vulneración de derechos culturales se produce también la vulneración de otros derechos humanos.

 

De los seis casos presentados por el ODC en este informe se infieren tres rasgos fundamentales del clima violatorio de los derechos humanos existente en Cuba:

 

1. La escalada de derechos vulnerados. En todos los casos las autoridades pretenden evitar que personas individuales, o colectivos de personas, ejerzan determinados derechos y para ello no escatiman en la violación de otros derechos hasta conseguir su objetivo.

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2. Recurrencia de acciones violatorias. Se percibe la consistencia metodológica de las acciones violatorias de los derechos, por lo cual se hace evidente que no se trata de acciones aisladas o improvisadas por determinados funcionarios ejerciendo discrecionalidad, sino de una política establecida desde el nivel central, con estrategias claras y tácticas uniformes.

 

3. Continuidad sostenida en el tiempo. Los casos presentados abarcan las últimas cuatro décadas, pero en todos, aún entre aquellos que ocupan los extremos del orden cronológico, se aprecian –más allá de los naturales cambios en el contexto y los posibles reacondicionamientos operativos- similitudes en las tácticas represivas que necesariamente responden a una coherencia estratégica a largo plazo por parte de las autoridades.

 

Al considerar los casos examinados, debe tenerse presente que la política cultural del gobierno cubano desde hace más de 60 años ha estado marcada por la censura y el control de las diversas expresiones culturales. El Ministerio de Cultura –y su antecesor, el Consejo Nacional de Cultura- que en principio tendría la misión de sostener y promover el desarrollo artístico y cultural del país, ejerce en realidad un cuasi monopolio sobre los circuitos y espacios culturales y sobre los recursos disponibles para la actividad artística. Esto significa que a pesar de que en ocasiones surgen proyectos independientes que intentan generar alternativas a la maquinaria gubernamental, es muy difícil y precario desarrollar cualquier actividad artística al margen de la institución oficial, y semejante situación no solo facilita el ejercicio de la censura por parte de las autoridades, sino que constituye una situación de censura permanente y de invisibilización de aquella producción artística que el régimen está interesado en asfixiar.

 

Como es evidente, el entramado de instituciones estatales que pretenden controlar la vida artística y cultural del país no garantizan el ejercicio de los derechos culturales, sino más bien devienen instrumento para su vulneración sistemática. El arte sobrevive en un entorno de precariedad material y dinámica represiva que, a la postre, lo convierten en cultura de resistencia.