El pasado 10 de junio el crítico de cine Gustavo Arcos Fernández denunció la proyección en el espacio Espectador Crítico, del documental “La Habana de Fito” (2022). La presentación del documental en el programa no estuvo autorizada por su director Juan Vilar ni por su productor Ricardo Figueredo, e incluyó tres invitados que “disintieron de la versión del director”, y que “lamentaron el uso de la imagen de Fito Páez” que “está mal informado de la realidad cubana” y que emitió “opiniones festinadas por la presión del realizador y las características de la conversación”.

 

“La Habana de Fito” hubiera tenido su primera exhibición, autorizada y no comercial, en abril pasado en el marco de “JAM Audiovisual” del proyecto cultural El Ciervo Encantado, evento que fue cancelado por el Ministerio de Cultura sin mayores explicaciones. En respuesta, Juan Vilar se dirigió a varias instituciones y finalmente cursó una misiva de protesta al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, a través de los órganos convencionales de atención a la población.

 

Si bien en ningún momento Vilar recibió reacción alguna de las instituciones, la proyección del documental en los medios oficiales de la televisión cubana pretende ser una reparación de daños muy mal orquestada. Primero, la proyección se realizó sin autorización de su director, de su representante, ni del resto de su equipo; la misma consistió en una copia robada y de mala calidad, que ni siquiera mostraba el corte definitivo del director; además, se efectuó después de que Vilar desautorizara explícitamente su proyección en la televisión cubana.

 

El actuar del programa Espectador Crítico y de la administración del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), obstaculiza y hace posible la invalidación del documental, actualmente en el recorrido de exhibiciones internacionales en concurso, por lo que su proyección resulta tanto arbitraria como irresponsable.

 

Esta no es la única vez que la administración cultural de la Isla ha actuado vulnerando los derechos de propiedad artística. En mayo pasado la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana promovió la proyección del documental “El caso Padilla” de Pavel Giroud, sin la autorización de sus realizadores. Dada la presión en las redes por dicha violación, el evento no llegó a realizarse.

 

Estas violaciones de la propiedad intelectual resultan criminales y atentan directamente contra el trabajo de realizadores cubanos que han labrado su carrera fuera de Cuba y dentro de los circuitos internacionales. Además, muestra la falacia del esquema jurídico cubano que supuestamente respalda la libre creación de los artistas. En diciembre pasado entró en vigor la Ley de los Derechos del Autor y el Artista Intérprete (Ley 154/2022), publicada en la Gaceta Oficial No. 122 Ordinaria de la fecha citada. En ella quedan aparentemente penalizadas las acciones de deformación, mutilación, modificación o uso de obras sin consentimiento de su autor. Por tanto, se evidencia la interpretación a conveniencia que hace el Estado cubano respecto a la ley.

 

El ODC condena los actos violatorios de los derechos culturales contra creadores cubanos, así como la manipulación y uso indebido de su obra. Alerta además, sobre el aparato jurídico cubano en materia cultural, que en la práctica justifica actos represivos mientras sirve de legitimación a su gobierno.