El 25 de junio le fue prohibido a Omara Isabel Ruiz Urquiola, académica, activista e investigadora principal del ODC, abordar un avión desde Miami con destino a La Habana. Ruiz Urquiola es la víctima más reciente de la determinación arbitraria y selectiva del gobierno cubano de impedir la entrada al país a personas en pleno uso de su ciudadanía. Esto sucede con la complicidad de aerolíneas que operan en la isla, en este caso Southwest Airlines.

 

La académica había viajado a Estados Unidos por una estancia limitada para continuar su tratamiento contra el cáncer, como alternativa a las manipulaciones médicas que había sufrido en el Hospital Oncológico de La Habana como parte de las presiones que ha ejercido la Seguridad del Estado contra ella y su familia. Hasta ahora, Ruiz Urquiola no ha recibido mayores explicaciones ni la oportunidad de revocar la negativa de entrada a la isla, donde la esperan su madre, sus pertenencias y su realidad inmediata.

 

Esta medida contraviene derechos humanos que estipulan que toda persona tiene derecho a salir y regresar a su país. El evento no es aislado: en el pasado mes de febrero, y en subsiguientes ocasiones, nuestra investigadora Anamely Ramos también ha sido impedida de viajar a Cuba.

 

Este proceder no sólo quebranta los derechos de movilidad de Ruiz Urquiola y demás ciudadanos cubanos afectados bajo esta medida arbitraria, sino que viola garantías asociadas, como el derecho a la propiedad y la herencia, a la atención médica, a la empresa y a la reunificación familiar.

 

El ODC alerta sobre la desterritorialización y el exilio forzoso como castigo político ejercido sistemáticamente por el gobierno cubano. Condena estas violaciones a la libertad de circulación y desplazamiento como dispositivo de regulación y aleccionamiento que muestran, además, el desinterés del Estado cubano en relación con sus ciudadanos, con los reglamentos migratorios internacionales y con sus gobiernos vecinos, al crear personas en condición de vulnerabilidad y desencadenar crisis migratorias.

 

El ODC exige una respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, así como de las gerencias de las aerolíneas que están siendo cómplices de este mecanismo de represión. Precisamos que organismos internacionales y gobiernos democráticos se pronuncien frontalmente ante estas arbitrariedades que sistemáticamente están sufriendo los ciudadanos cubanos. Expresamos nuestra solidaridad con Ruiz Urquiola y sus familiares en este lamentable suceso.