En 2024, la isla vivió un proceso alarmante de degradación del derecho a una alimentación adecuada y balanceada. La limitada disponibilidad de alimentos variados, nutritivos y accesibles, la caída de la producción nacional de alimentos y el incremento de la dependencia a las importaciones, así como la interrupción y/o deficiente distribución de servicios indispensables como el gas licuado de petróleo (GPL) han estado entre los factores más evidentes de la precarización de una crisis estructural y multidimensional en el país. A su vez, la pérdida de acceso a los alimentos en más del 96% de los cubanos, la necesidad de cocinar con combustibles tóxicos debido a la falta de energía eléctrica y de adaptarse a la preservación de cantidades magras de alimentos perecederos por la misma razón, han impactado aún más la ya creciente inseguridad alimentaria, poniendo en mayor situación de riesgo a subgrupos poblacionales como personas privadas de libertad, adultos mayores, personas con condiciones de salud específicas, residentes en áreas de difícil acceso, entre otros.