Las estrategias de censura cultural en regímenes autoritarios varían y se actualizan según el contexto temporal y el escenario político. En paralelo a la violencia burocrática y a la vigilancia y represión policial, la cultura oficialista puede ser una puesta en escena que intenta legitimar a un Estado no democrático. Uno de los métodos al uso por parte del Gobierno cubano es la apertura controlada y condicionada de eventos.

 

Por ejemplo, el pasado 20 de agosto el cantautor cubano Pedro Luis Ferrer anunció en sus redes sociales un concierto a tener lugar en el Museo Nacional de Bellas Artes. Al hacer efectiva la venta de las entradas, los seguidores del trovador que se dieron cita en el lugar pudieron constatar que solo se venderían 33 boletos, para un teatro con una capacidad de 249 personas, destinando los restantes para “invitados especiales”.

 

La restricción de público en performances mediante el uso de una audiencia cuidadosamente seleccionada es una estrategia conocida en países totalitarios para bloquear exposiciones culturales incómodas al poder. En Rusia, China, Corea del Norte, entre otras autocracias, la movilización de funcionarios, cuadros confiables y miembros de la élite gubernamental para ocupar la capacidad de los teatros en detrimento del público en general se hace cada vez más recurrente. En Cuba, la última presentación del afamado músico Pablo Milanés mostró una censura de similares características.

 

Otro recurso es la organización de programas internacionales de altos beneficios económicos (musicales, de moda, gastronómicos, académicos, etc.). Hace pocos días tuvo lugar, en el polo turístico Cayo Santa María, el Santa María Music Fest, un festival “fusión de música, arte y cultura”. En este caso la cultura fue un pretexto para un lucrativo negocio del Gobierno a través de la empresa hotelera Gaviota Tours S. A., perteneciente al conglomerado militar GAESA; mientras que el evento fue organizado por un empresario cubanoamericano desde Miami. Con la exhibición de artistas nacionales e internacionales, el festival fue una oportunidad para atraer cubanos de la diáspora, y también para “reconciliar” artistas conocidos por su oposición al régimen. Este ha sido el caso de Lenier Mesa, compositor de “SOS Cuba” tema solidario con los manifestantes de las protestas del 11J, que aunque no tenía previsto subir al escenario, regresó a la Isla para asistir al espectáculo, ganándose el rechazo de muchos de sus seguidores.

 

Desde hace unos años el Gobierno cubano organiza festivales culturales como el San Remo Music Award (2022) o el Cuba Sabe (2023). El mes pasado, bajo el hashtag Viajar nos une, llegaron 25 influencers internacionales para disfrutar de un variado paquete cultural, con el objetivo de promocionar a la Isla como destino turístico. La mayoría de estos encuentros han sido tramitados por agencias como Paradiso, con gestión de Lis Cuesta, esposa del mandatario cubano y actual directora del Grupo Cultura-Turismo y Eventos Festivales del Ministerio de Cultura.

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El ODC reclama mayor atención y denuncia ante estos ejercicios destinados a camuflar la monetización y la obstaculización del acceso libre a la cultura en detrimento del desarrollo cultural del pueblo. El ODC insiste en señalar estas maniobras como fachadas legitimadoras, destinadas a recaudar divisas extranjeras y reforzar el poder en Cuba así como sus lazos clientelistas y corruptos entre agencias y apoderados.